La discusión por los derechos de televisión del fútbol colombiano volvió a encenderse y promete convertirse en uno de los temas más trascendentales para el futuro de la Dimayor. Mientras avanza el proceso para definir el operador que transmitirá los torneos a partir de 2027, las diferencias entre los clubes grandes y los de menor capacidad económica vuelven a quedar sobre la mesa.
En el centro del debate están los recursos que genera la televisión, una de las principales fuentes de ingresos para los equipos profesionales del país. Aunque los 36 clubes afiliados a la Dimayor participan en la elección del nuevo operador, no todos reciben la misma porción del dinero, una situación que ha generado posiciones encontradas.
Por un lado, los clubes que integran el denominado G8 consideran que el modelo actual debe modificarse y que la distribución debería tener en cuenta factores como el rendimiento deportivo, la audiencia y el impacto comercial de cada institución. Desde su perspectiva, quienes generan mayor interés entre los aficionados deberían recibir una participación más alta de los ingresos.
En la otra orilla están los llamados clubes Clase B, que defienden el sistema actual y reclaman mayor equilibrio económico. Estos equipos sostienen que competir con presupuestos considerablemente inferiores dificulta su crecimiento deportivo y limita sus posibilidades de luchar por el ascenso o mantenerse competitivos frente a instituciones con mayores recursos.
Actualmente, el modelo de reparto establece que una parte de los ingresos se destina al funcionamiento de la Dimayor, mientras que el resto se distribuye entre los clubes de las categorías Clase A y Clase B. La diferencia es significativa: los equipos de la primera categoría reciben una participación muy superior a la de los clubes considerados Clase B.
Precisamente, esa brecha económica es uno de los principales argumentos de los equipos más pequeños, que aseguran estar en desventaja al momento de conformar sus plantillas y competir por el ascenso. Incluso, algunos clubes que han descendido continúan conservando los beneficios económicos de la categoría Clase A, lo que, según sus detractores, profundiza aún más la desigualdad dentro del fútbol profesional colombiano.
En los próximos días, la comisión designada por la Dimayor continuará analizando las propuestas presentadas por los interesados en quedarse con los derechos audiovisuales del campeonato nacional. Posteriormente, serán los 36 clubes afiliados quienes deberán tomar una decisión que no solo definirá quién transmitirá el fútbol colombiano desde 2027, sino también cómo se distribuirán unos recursos fundamentales para el desarrollo económico de los equipos.
Más allá de elegir un nuevo operador, el verdadero desafío será encontrar un modelo que permita fortalecer la competitividad del campeonato y reducir las diferencias financieras que hoy dividen a los clubes del fútbol colombiano.